¿Cómo afectará a las futuras oposiciones el traspaso de Función Pública a Hacienda ?

Imágenes: El Español

La crisis de Gobierno acometida por Pedro Sánchez el sábado pasado no solo ha tenido como consecuencia un importante número de altas y bajas entre los ministros, sino también cambios en la estructura del Ejecutivo. Además de la supresión de una vicepresidencia (la que pertenecía a Carmen Calvo), se ha decidido traspasar las competencias de Función Pública al Ministerio de Hacienda, bajo la batuta de María Jesús Montero.

Se recupera, por tanto,  la estructura previa a la llegada de Sánchez a la Moncloa en 2018, cuando Hacienda y Función Pública estaban integrados. Se trata de un movimiento que podría tener consecuencias, según publicaciones de El Español, para las tareas pendientes en las que estaba trabajando el departamento hasta ahora liderado por Miquel Iceta, nuevo ministro de Cultura y Deportes.


Indicar que  Iceta ya había presentado su plan para reformular las oposiciones al empleo público, dado que a lo largo de los próximos diez años se prevé que se jubilen más de 900.000 funcionarios.

La propuesta de Iceta, incluida diagonalmente en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, recoge medidas como la simplificación de las pruebas, la reducción de plazos y la 'multiplicación' de ubicaciones donde celebrar los exámenes en el caso de la Administración General del Estado. El ministro catalán también puso sobre la mesa de negociación un sistema de ayudas económicas para los opositores que se preparan para estas pruebas.

Todo ello con el fin de hacer ofertas públicas de empleo periódicas que cuenten con el suficiente atractivo para ganar candidatos de alto valor añadido

La música gustó a los sindicatos de función pública. Pero la melodía se ha quedado a la mitad, puesto que no se cerró ningún acuerdo con ellos para la puesta en marcha de esta estrategia, que se quiere desarrollar de forma gradual hasta 2025. Todo esto queda en manos ahora del equipo ministerial de María Jesús Montero.

Lo que sí ha quedado cerrado antes de la marcha de Iceta ha sido el acuerdo para limitar la temporalidad del sector público y bajarla del actual 30% al 8%. Todo ello mediante un real decreto-ley ya publicado en el que se obliga a Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos a convocar 260.000 plazas 'para interinos'.

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El problema para los sindicatos está en que ya se había logrado cierta concordia con el departamento de Función Pública de Iceta, como demostró el acuerdo para limitar la temporalidad. Sin embargo, esta situación no se ha dado con Hacienda.

De hecho, fue el propio Ministerio de Hacienda, concretamente la Dirección General de Gestión de Personal, el que decidió no renovar a buena parte del personal interno del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

En definitiva queda en el aire una serie de acuerdos en las mesas de negociación de función pública dependiente ahora del Ministerio de Hacienda. Una recuperación económica y la superación de la actual pandemia ayudaría a conseguir acuerdos beneficiosos para los opositores.

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