Paralizadas algunas oposiciones debido a las decisiones previstas del Gobierno con los interinos

El Gobierno logró hace varias semanas un acuerdo con el PNV y ERC para intentar zanjar una de las reformas que más ha costado en el último medio año, la que afecta a los trabajadores públicos temporales. Sin embargo, según publica El Confidencial siete de cada diez oposiciones para funcionarios por toda España están paralizadas debido al caos que provoca la nueva normativa.

Está sobre la mesa de negociación, una vía para lograr que los interinos pasen a fijos si llevan más de cinco años en la administración, mediante un concurso que sustituya a la oposición.

Sin embargo, esta reforma ha despertado la cautela entre los sindicatos, que prefieren esperar a que concluya el trámite parlamentario para valorarla, advirtiendo de que si no se regula bien, puede acabar en un “largo proceso judicial”.

También las diferentes comunidades autónomas, algunas de ellas dirigidas por el PSOE, han mostrado su escepticismo por la “letra pequeña”.

La Comisión de Hacienda y Función Pública acaba de elevar al Pleno del Congreso de los Diputados el famoso proyecto de ley para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que finalmente obligará a las administraciones a convocar por concurso de méritos, y no oposición, plazas de carácter estructural que hayan estado ocupadas por interinos durante al menos cinco años.

Tras ser aprobado el dictamen, vendrá la votación final en el Congreso antes de ser remitido al Senado, donde continuará su tramitación parlamentaria. Aún se desconocen las fechas para dicha votación, así como los plazos para la puesta en marcha después de la aprobación.

Se trata de un proceso legislativo dilatado, que ha desatado una gran incertidumbre en los procesos de Ofertas Públicas de Empleo (OPE). Ha provocado incluso la paralización de siete de cada diez convocatorias de oposiciones por toda España, según fuentes sindicales consultadas por este periódico digital , hasta que se resuelva el proceso de aprobación y puesta en marcha de la norma.

Las pruebas que se están viendo más afectadas son las oposiciones a docentes, sanitarios y policías autonómicos.

En la mayoría de procesos se ha decidido retrasar durante un plazo de tres meses la celebración de cualquier examen, si bien esto no implica una paralización o suspensión de las convocatorias, aunque sí lastrará su resolución.

Se tiene en cuenta que las plazas cubiertas por trabajadores con contrato temporal durante, al menos, los últimos cinco años deberán ser consolidadas en un concurso de méritos y, a partir de los tres años a través de concurso y oposición, dando la opción de que los ejercicios de la fase de oposición no sean eliminatorios.

300.000 interinos han quedado fuera

Por si fuera poco, tal y cómo se contó en este periódico, el Gobierno no va a obligar a las autonomías a convertir en fijos a los interinos con cinco años. Los ejecutivos regionales han respondido que les supone un aumento de gasto, y que solo lo aprobarán si Hacienda cubre el exceso de coste.

Fuentes de la Administración explican que el plante de las comunidades autónomas obliga a descartar por ahora a unas 330.000 personas del nuevo acuerdo pactado por el Ejecutivo central para que los interinos pasen a ser fijos sin opositar si llevan al menos cinco años en el mismo puesto.

Se tiene en cuenta que los sanitarios y los profesores son empleados públicos dependientes de las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias en Sanidad y Educación.

En la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) contabilizan en unos 200.000 el personal sanitario que se verá afectado por esta decisión. Una cifra que se sumaría a los 130.000 profesores de educación infantil, primaria y secundaria que también cumplen las condiciones.

Ambos colectivos acaparan al 75% de todos los trabajadores públicos interinos que hay en España, según consta en el último Boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas.