Las características de la reforma de las oposiciones que realizará el Gobierno
El objetivo de reducir la temporalidad en el empleo público ya fue abordado por el exministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, quien suscribió un acuerdo con los sindicatos en 2017 para la estabilización de la temporalidad en el 8% en un trienio, y esta meta se ha ido manteniendo por sus sucesores ya en la etapa socialista, Meritxell Batet, Carolina Darias y ahora Miquel Iceta.
Para avanzar en este objetivo el Ministerio de Política Territorial y Función Pública planea flexibilizar más la tasa de reposición en aquellos sectores que presentan una temporalidad más elevada y aumentarla hasta alcanzar unas tasas de reposición de hasta el 130%, lo que supone cubrir todas las bajas por jubilación que se puedan producir y el restante 30% conllevaría la creación de nuevas plazas fijas.
Desde fuentes del Ministerio explican que durante muchos años la tasa de reposición se ha situado por debajo del 100%, lo que ha conllevado pérdida de puestos de trabajo públicos, llegando a situarse en algunos casos incluso en el 0% o en el 25% para sectores prioritarios.
Los PGE fijaron una tasa de 100% y en sectores prioritarios hasta el 115%
Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 elevaron por primera vez la tasa de reposición hasta el 100%, llegando a alcanzar la tasa de sectores prioritarios el 110%. En entidades locales que tengan amortizada su deuda financiera la tasa general es del 110% y para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policía autonómica y locales, del 115%.
Con todo, el secretario de Estado de Función Pública, Víctor Francos, explicó recientemente en un acto organizado por CCOO sobre función pública que se va a estudiar cómo flexibilizar la tasa de reposición, ya que pese al aumento de la misma considera que “no es suficiente”. Por ello, propuso a los sindicatos abordar la flexibilización de la tasa de reposición para los sectores con mayor temporalidad.
El objetivo es configurar una tasa de reposición que responda a la realidad de cada sector y de cada ámbito, para lo que se contempla un aumento de la tasa hasta el 130% siempre y cuando esté justificado por la mayor temporalidad y porque se demuestre que si el porcentaje es inferior se pierde empleo público.
Diferencias de temporalidad entre administraciones
Lo cierto es que las administraciones españoles presentan por ahora unas notables diferencias en el volumen de empleados públicos interinos, ya que en el caso de la Administración General del Estado (AGE) el acuerdo de los sindicatos y el Gobierno de 2017 mantenido los años siguientes ha permitido reducir la temporalidad al 8%.
En cambio, las ratios de temporalidad en otras ocasiones superan incluso el 30% a nivel autonómico y se suelen concentrar en los servicios de salud y educación, así como en otros como en la justicia o en la investigación, y en los ayuntamientos.
En este contexto, en su primera comparecencia ante el Congreso el ministro Miquel Iceta señaló que “cierta temporalidad es aceptable, incluso necesaria, en servicios que no pueden dejar de prestarse”, pero dejó claro que desde el Ministerio, junto a CCAA y entidades locales se debe trabajar para lograr que “lo normal sea que las personas que ejercen un trabajo estructural en la Administración, lo hagan desde una plaza fija”.
Nueva oferta de empleo público en junio
Iceta ya avanzó a mediados de marzo que la oferta de empleo público (OEP) de este año se publicará el próximo mes de junio con el fin no debilitar los servicios públicos, por lo que alcanzará a “todas las administraciones”, aunque no de una forma igual.
La última oferta de empleo público para la Administración General del Estado (AGE) fue aprobada el pasado mes de octubre, correspondiente al ejercicio 2020, con un total de 28.055 plazas, cifra inferior a la oferta de 33.000 plazas del año previo, que fue la mayor de los últimos diez años.
El Ministerio también trabaja en un borrador de Ley de Función Pública de la Administración del Estado que siente las bases de una reforma del régimen del empleo público en la Administración General del Estado con el fin de consolidar un modelo de empleo público profesional, con una organización en materia de recursos humanos más flexible en sus procedimientos. Incluirá el desarrollo de la figura del directivo público profesional para definir sus funciones.
Sanciones y obligar a cubrir plazas con empleo fijo
Mediante el diálogo con comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios (FEMP) y Provincias, así como con las organizaciones sindicales, anunció que se trabajará para reducir la actual tasa de temporalidad en las administraciones a través de medidas eficaces que eviten nuevas bolsas de empleo público temporal, aún a sabiendas de que el problema no se podrá resolver “a corto plazo”.
Para ello, llevará al Congreso la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) de modo que se establezca la obligatoriedad de las administraciones públicas de cubrir las plazas existentes que hoy ocupan personas sin contrato fijo.
Se desarrollarán medidas efectivas para prevenir y sancionar el abuso y el fraude en la temporalidad, de modo que se ponga el énfasis en su carácter de excepcionalidad y se delimite su duración máxima.
Para remediar la elevada temporalidad existente se regulará una nueva ampliación de los procesos de estabilización, al detectarse un desarrollo más lento del previsto, y bajo los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública, la estabilización con carácter fijo del personal interino que realiza de forma permanente funciones de tipo estructural, como puede ser el caso de los trabajadores de la limpieza.
Además, Iceta mostró su intención de proceder a una internacionalización de servicios, bajo el argumento de que algunos servicios públicos cuestan más cuando se externalizan.
Precisamente este jueves el ministro comparece por primera vez en el Senado para explicar las líneas generales de su departamento e informará sobre todas estas medidas.
Los sindicatos recelan de la medida
A pesar de que la medida no se ha abordado oficialmente en las mesas de diálogo con los sindicatos, las principales organizaciones muestran a priori su rechazo a la pretensión de establecer una tasa de reposición de hasta el 130% en organismos con alta temporalidad.
Desde CCOO señala a Economía Digital que su posición es contraria a la fijeza del personal que actualmente ocupa los puestos, al entender que va contra los principios del acceso a la función pública de igualdad, mérito y capacidad, puesto que gran parte de ese personal ha superado alguna prueba del proceso de selección, pero “no todo el mundo”.
Además, CCOO considera que supone una situación de desigualdad para quienes en este momento están preparando oposiciones, que no podrían optar a esos puestos. Eso sí, el acuerdo de estabilización del personal temporal firmado establece la necesidad de convocar al mismo tiempo la oferta de empleo público (OEP) de ingreso libre, la promoción interna y la estabilización, de manera que se “ordene” a las personas aspirantes y cada persona opositora participe en un proceso, evitando “canibalizar” puestos.
Sobre la tasa de reposición, considera que si se cubriera el total de las mismas, en efecto supondría creación de empleo público neto sobre las bajas del año anterior, sin embargo en CCOO apuntan a dos elementos a tener en cuenta: no se cubre el 100 % de las plazas que se publica en OEP y los niveles de empleo público son tan inferiores a los de hace 10 años, que será complicado recuperar ese volumen de empleo.
Asimismo, desde FeSP-UGT mantienen su petición de eliminación de la tasa de reposición y reclaman un plan de recursos humanos integral que permita abordar problemas como el de la temporalidad, así como el envejecimiento de plantillas
En UGT también demandan agilizar los procesos, ya que desde que se aprueba la OPE anual hasta que se convocan efectivamente las plazas pasa “demasiado tiempo”, según señalan desde el sindicato a Economía Digital.
Rejuvenecer plantilla y atraer talento: primará menos la capacidad memorística
Además, se trabaja en un plan de captación de talento para reducir la edad media de las plantillas –de 52 años de media frente a los 42,5 años del sector privado--, para lo que se ha lanzado un plan de atracción de talento en las redes sociales y se modificarán los procesos de selección para que primen la capacidad y la actitud y menos a la capacidad memorística.
Todo se canalizará mediante la elaboración de un plan estratégico de reforma del modelo de acceso al empleo público. El Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) también ultima un plan estratégico de mejora de la capacitación digital.
Tras el verano también se aprobará un real decreto de Teletrabajo en la AGE para dar soluciones a las zonas poco pobladas y cobertura a vacantes en esas zonas, y que se prepara el borrador de la nueva Ley de Función Pública para una reforma “integral”.
A través de la nueva norma, que modificará el régimen del empleado público en la AGE, se desarrollará la figura del directivo público profesional.
Fuente : Economía Digital
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